Ciudad de México.- En México están registrados comercialmente 186 plaguicidas altamente peligrosos que contienen sustancias cancerígenas, han sido prohibidos en Europa o bien, no se venden en otros países porque las empresas que los comercializan se negaron a seguir invirtiendo en pruebas que dejen claro cuáles son sus efectos, según un comparativo de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).
“En México hay, por ejemplo, 85 ingredientes activos de plaguicidas
que se comercializan en cientos de formulaciones que no están autorizados en la
Unión Europea debido a sus efectos en la salud y/ o el medio ambiente, o porque
las empresas transnacionales decidieron retirarlos del mercado europeo porque
no quisieron invertir en presentar las nuevas pruebas exigidas por las
autoridades europeas sobre su impacto a la salud y ambiente”, alertó Fernando
Bejarano, director de la Red.
Destacó que la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) tiene autorizados, según su
base de datos aproximadamente 782 ingredientes activos usados como plaguicidas
en un poco más de 5 mil 600 formulaciones comerciales (esto incluye no sólo los
de síntesis química, sino aceites y extractos vegetales y organismos vivos,
aunque estos últimos son la minoría).
Los datos precisos sobre el uso de
plaguicidas, su cantidad y el lugar donde se aplican “sigue siendo una
información confidencial de las empresas que lo comercializan; no hay un
registro de uso de acceso público, es un derecho público no reconocido”,
mencionó Bejarano.
Puede considerarse plaguicida a cualquier sustancia o mezcla
de sustancias que se destine a controlar una plaga, incluyendo los vectores de
enfermedades humanas y de animales, así como las especies no deseadas que
causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal.
En México están autorizados 62 ingredientes activos altamente tóxicos para
abejas (según la clasificación de la EPA de Estados Unidos) para uso agrícola y
algunos de ellos están prohibidos en Europa como fipronil, y el imidacloprid.
“Muchos plaguicidas pueden representar un riesgo a los seres humanos. Por otro
lado, en la mayoría de los casos, la cantidad de estos plaguicidas a los que se
encuentra expuesta la gente es muy pequeña como para representar un riesgo”,
considera por su parte el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC) en su página de Internet.
Entre la sociedad civil ha surgido la
preocupación por el uso de estas sustancias, ya que no hay existe la certeza de
que no afecten a la salud o al medio ambiente, especialmente los plaguicidas de
síntesis, de moléculas químicas diseñadas en el laboratorio.
Lo que se conoce son las características de su peligrosidad en muchos de ellos y se pretende controlar su riesgo si se usa un equipo de protección adecuado y se siguen las instrucciones de las etiquetas; pero en climas tropicales es inviable el usar trajes de protección, por tanto, para los habitantes de estas zonas, tienen una mayor toxicidad aguda, y las etiquetas advierten generalmente de los efectos tóxicos a corto plazo pero no de los efectos crónicos.
Lo que se conoce son las características de su peligrosidad en muchos de ellos y se pretende controlar su riesgo si se usa un equipo de protección adecuado y se siguen las instrucciones de las etiquetas; pero en climas tropicales es inviable el usar trajes de protección, por tanto, para los habitantes de estas zonas, tienen una mayor toxicidad aguda, y las etiquetas advierten generalmente de los efectos tóxicos a corto plazo pero no de los efectos crónicos.
“Los que más nos
preocupan son los plaguicidas altamente peligrosos que se definen porque tengan
uno más de los siguientes efectos: una alta toxicidad aguda, o toxicidad
crónica en humanos (cáncer, mutagénesis, daño reproductivo, o ser perturbadores
endocrinos); los que están incluidos en algún convenio ambiental, y los que
tienen una toxicidad ambiental relevante (muy persistente o bioacumulativa en
agua y/o sedimentos y altamente tóxico para abejas).
En México hay 160
ingredientes activos que son plaguicidas altamente peligrosos autorizados para
uso agrícola según los criterios descritos anteriormente; entre ellos 31
ingredientes activos que están clasificados como probables carcinógenos en
humanos según el Sistema Global Armonizado que adopta la Unión Europea”,
explicó el representante de RAPAM.
Distintos estudios, citan por su parte, el
ejemplo del herbicida paraquat prohibido en 36 países, comercializado por la
suiza Syngenta como Gramoxone y autorizado en México junto con otras empresas
en 38 registros comerciales; el herbicida atrazina prohibido en Europa por el
riesgo de contaminación de mantos acuíferos subterráneos y con 32 registros comerciales
autorizados en nuestro país, incluido Syngenta.
Otros ejemplos de plaguicidas
altamente peligrosos no autorizados en la Unión Europea son el insecticida
carbofurán de alta toxicidad aguda, considerado un perturbador endocrino y de
alta toxicidad para las abejas; los insecticidas dicofol y metamidofós (con 27
registros comerciales en México, incluido Tamarón de Bayer) que están bajo
evaluación por el Comité de Examen del Convenio de Estocolmo por su toxicidad,
persistencia y bioacumulación para su posible prohibición mundial.
La preocupación es que no preocupa
De acuerdo con lo expresado por el director de Rapam, en el país se le ha dado poca importancia al tema y, hasta ahora, las autoridades no reconocen que hay un problema nacional y que es necesario un cambio de política.
Quienes comercializan estos plaguicidas son las mismas trasnacionales que dominan el mercado mundial: Bayer, Syngenta, Dow, BASF, Monsanto más algunas empresas mexicanas como Agricultura Nacional y otras.
En este sentido, José Alberto Lara Pulido, maestro de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, destacó que para desincentivar el uso de plaguicidas que provoquen daño a la salud o que sean agresivos con el medio ambiente, la Reforma Fiscal aprobada el año pasado contempla impuestos adicionales a las sustancias que, se considere, afectan al medio ambiente o a la salud, mismo que deben asumir las empresas o el consumidor final.
La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) contempla tasas que van del 9 al 6 por ciento, dependiendo del grado de toxicidad, mismo que contempla en cinco categorías.
“Lo relevante es que a la hora de comprar vas a tener un costo que no tenías, entonces eso va a obligar a los consumidores a seguir comprando el producto o a cambiarlo por otro más amigable, y en el caso de las empresas, las va a orillar a transformar sus sistemas y tecnologías de producción en algo que sean más benéfico para todos”, expresó el académico.
El representante de RAPAM dijo por su parte que si bien es cierto que la Cofepris, de la Secretaría de Salud niega los permisos de importación del endosulfán a partir del primero de enero de 2013 para agotar las existencias actuales, y estableció como fecha límite de venta el 31 de diciembre de 2014; no informa a la población de los riesgos a los que se expone si entra en contacto con este plaguicida que, por su toxicidad, persistencia y bioacumulación forma parte de la lista del Convenio de Estocolmo para su eliminación.
“Se sigue una política neoliberal productivista, creyendo que será el mercado y las empresas transnacionales los que traerán los cambios necesarios, no se reconoce el grave peligro de salud pública y ambiental que ocasiona su libre uso y esto se va agravar con la idea de promover más los cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas como soya tolerante a glifosato o maíz transgénico tolerante al herbicida glifosato y /o glufosinato de amonio”, expresó.
“No hay un riesgo aceptable si se puede evitar” declaró Fernando Bejarano, y añadió “es hora de cambiar la política neoliberal que privilegia los intereses mercantiles y fomentar alternativas agroecológicas en una política de sustitución paulatina de plaguicidas altamente peligrosos para reducir riesgos a la salud y el medio ambiente en cumplimiento del Convenio sobre el Enfoque Estratégico de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM, por su sigla en inglés)”.
Los más afectados
Los campesinos y los trabajadores del agro son uno de los sectores más suceptibles al daño de los plaguicidas. Foto: Cuartoscuro Los campesinos y los trabajadores del agro son uno de los sectores más suceptibles al daño de los plaguicidas.
Sin mencionar cifras, el INECC reconoce que la gran mayoría de los casos de intoxicación por plaguicidas afectan a agricultores y trabajadores del campo, ya que estos últimos son los que están en contacto directo con estas sustancias químicas, al aplicarlas a los cultivos y trabajar en las tierras o en los huertos donde se utilizan.
Las familias de los campesinos, en particular los niños y los lactantes, también están expuestos a los plaguicidas. En muchos países, los niños participan en las actividades agrícolas de la familia, en las que se utilizan plaguicidas, o transportan productos tratados con plaguicidas para el comercio local. En los casos de intoxicaciones con plaguicidas la vía principal de entrada es la piel.
Sin embargo, las intoxicaciones que ocurren durante el desempeño del trabajo, también pueden ocurrir por la inhalación de gases y partículas, por vía oral y a través de los ojos.
La preocupación es que no preocupa
De acuerdo con lo expresado por el director de Rapam, en el país se le ha dado poca importancia al tema y, hasta ahora, las autoridades no reconocen que hay un problema nacional y que es necesario un cambio de política.
Quienes comercializan estos plaguicidas son las mismas trasnacionales que dominan el mercado mundial: Bayer, Syngenta, Dow, BASF, Monsanto más algunas empresas mexicanas como Agricultura Nacional y otras.
En este sentido, José Alberto Lara Pulido, maestro de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, destacó que para desincentivar el uso de plaguicidas que provoquen daño a la salud o que sean agresivos con el medio ambiente, la Reforma Fiscal aprobada el año pasado contempla impuestos adicionales a las sustancias que, se considere, afectan al medio ambiente o a la salud, mismo que deben asumir las empresas o el consumidor final.
La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) contempla tasas que van del 9 al 6 por ciento, dependiendo del grado de toxicidad, mismo que contempla en cinco categorías.
“Lo relevante es que a la hora de comprar vas a tener un costo que no tenías, entonces eso va a obligar a los consumidores a seguir comprando el producto o a cambiarlo por otro más amigable, y en el caso de las empresas, las va a orillar a transformar sus sistemas y tecnologías de producción en algo que sean más benéfico para todos”, expresó el académico.
El representante de RAPAM dijo por su parte que si bien es cierto que la Cofepris, de la Secretaría de Salud niega los permisos de importación del endosulfán a partir del primero de enero de 2013 para agotar las existencias actuales, y estableció como fecha límite de venta el 31 de diciembre de 2014; no informa a la población de los riesgos a los que se expone si entra en contacto con este plaguicida que, por su toxicidad, persistencia y bioacumulación forma parte de la lista del Convenio de Estocolmo para su eliminación.
“Se sigue una política neoliberal productivista, creyendo que será el mercado y las empresas transnacionales los que traerán los cambios necesarios, no se reconoce el grave peligro de salud pública y ambiental que ocasiona su libre uso y esto se va agravar con la idea de promover más los cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas como soya tolerante a glifosato o maíz transgénico tolerante al herbicida glifosato y /o glufosinato de amonio”, expresó.
“No hay un riesgo aceptable si se puede evitar” declaró Fernando Bejarano, y añadió “es hora de cambiar la política neoliberal que privilegia los intereses mercantiles y fomentar alternativas agroecológicas en una política de sustitución paulatina de plaguicidas altamente peligrosos para reducir riesgos a la salud y el medio ambiente en cumplimiento del Convenio sobre el Enfoque Estratégico de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM, por su sigla en inglés)”.
Los más afectados
Los campesinos y los trabajadores del agro son uno de los sectores más suceptibles al daño de los plaguicidas. Foto: Cuartoscuro Los campesinos y los trabajadores del agro son uno de los sectores más suceptibles al daño de los plaguicidas.
Sin mencionar cifras, el INECC reconoce que la gran mayoría de los casos de intoxicación por plaguicidas afectan a agricultores y trabajadores del campo, ya que estos últimos son los que están en contacto directo con estas sustancias químicas, al aplicarlas a los cultivos y trabajar en las tierras o en los huertos donde se utilizan.
Las familias de los campesinos, en particular los niños y los lactantes, también están expuestos a los plaguicidas. En muchos países, los niños participan en las actividades agrícolas de la familia, en las que se utilizan plaguicidas, o transportan productos tratados con plaguicidas para el comercio local. En los casos de intoxicaciones con plaguicidas la vía principal de entrada es la piel.
Sin embargo, las intoxicaciones que ocurren durante el desempeño del trabajo, también pueden ocurrir por la inhalación de gases y partículas, por vía oral y a través de los ojos.
*Fuente: Sin Embargo
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